Presidente designado de COP31 insiste en acelerar acción contra crisis climática.
El presidente asignado de la XXXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31) Murat Kurum, refrendó en una carta a los países participantes la importancia de la cooperación multilateral en la lucha contra la crisis climática y la necesidad de acelerar las inversiones en energías renovables y la acción climática en general. En tanto, el ministro australiano de Cambio Climático Chris Bowen, resaltó que la COP de Antalya aspira a fortalecer los flujos de trabajo en áreas como la mitigación, la adaptación y la financiación, así como en ámbitos como la transición justa, la agricultura y la transparencia. Además, también manifestó el deseo de retomar y avanzar en los diálogos mantenidos la pasada COP30 sobre el balance global (Global Stocktake), las finanzas y el comercio, apoyar la implementación de los mandatos relacionados con el océano, las medidas de respuesta y el género.
Proyectan dar apoyos por 3.6 mmdp para el campo.
En lo que va de la actual administración, la Secretaría del Campo mexiquense invirtió en el sector 2 mil 406 millones de pesos y al cierre de 2026 prevé haber entregado un total de 3 mil 611 millones de pesos en insumos, herramientas y apoyos. Así lo dio a conocer la secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, y añadió que han beneficiado a más de 90 mil unidades de producción y se proyecta alcanzar 135 mil al finalizar este año, lo que representaría atención para cerca de 540 mil mexiquenses, equivalentes a 24 por ciento de la población rural. Destacó acciones como la entrega de 731 tractores, de los cuales 33 fueron asignados a municipios, como parte de una inversión de 610 millones de pesos para mecanización agrícola. “Nuestra presencia ha alcanzado los 125 municipios, incluso en los que consideramos predominantemente urbanos; hemos estado presentes con ellos, las unidades de producción pequeñas que subsisten en esos municipios”, dijo.
La Presidenta envía iniciativa para frenar la deforestación.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa que otorga a la Secretaría del Medio Ambiente la facultad de expedir el certificado de libre de deforestación, con el fin de salvaguardar el patrimonio forestal. La propuesta plantea modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. En su exposición de motivos, señala que 21.99 por ciento de la pérdida de ecosistemas forestales entre 2001 y 2024 corresponde a su conversión en agrícolas y equivale a 44 mil 766 hectáreas. Esa tendencia evidencia que la expansión agrícola continúa siendo un factor relevante de presión sobre estos ecosistemas, particularmente en contextos donde persisten prácticas productivas de baja sostenibilidad y debilidades en los mecanismos de ordenamiento y control del uso del suelo, señala. Destaca que el ritmo de la pérdida de cobertura forestal en México ha alcanzado niveles que, de continuar la tendencia, podría comprometer la seguridad nacional y la viabilidad hídrica.
Riesgo de aumento mayor a lo esperado en alimentos.
La Junta de Gobierno del Banco de México (BdeM) advirtió que la interrupción de rutas marítimas por el conflicto en Medio Oriente y el posible incremento de los costos de transporte podrían traducirse en alzas de los precios de alimentos mayores a las previstas, además de presiones sobre los costos de bienes y servicios. Esta previsión aparece en la minuta de la reunión de política monetaria celebrada el 6 de mayo y publicada ayer. El documento señala que los precios de energéticos y fertilizantes alcanzaron su nivel más alto desde 2022 y los mercados de futuros del maíz y el trigo anticipan alzas en los próximos meses. Uno de los integrantes de la junta (las minutas no los identifican por nombre) precisó que los fertilizantes nitrogenados, los más usados en el país, están entre los insumos más expuestos a choques geopolíticos, aunque los calendarios agrícolas indican que un eventual impacto sobre la inflación no se observaría en el corto plazo.
Agricultores y Sader logran acuerdo inicial.
Como resultado de las protestas del miércoles en la Ciudad de México y del plantón que instalaron afuera de la Secretaría de Gobernación (SG), el Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano (FNRCM) sostuvo una primera reunión con la nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba López, con quien alcanzó un acuerdo inicial sobre sus demandas. También con funcionarios de Gobernación avanzaron en agendar las mesas de diálogo con representantes de Hacienda y de las comisiones Nacional del Agua y Federal de Electricidad. Tras lo cual regresaron a sus estados. Sin embargo, advirtieron que si el gobierno no da resultados concretos a más tardar el 5 de junio, seguirán sus movilizaciones en el marco del Mundial de Fútbol. Los labriegos fueron recibidos ayer en la Sader por López, donde acordaron asistir a mesas de trabajo a partir del jueves próximo, en las que se retomarán las discusiones que dejó pendientes su antecesor, Julio Berdegué, sobre los precios de garantía, financiamiento al campo y la atención a créditos vencidos de productores. También informaron que la próxima semana presentarán una propuesta detallada para un “nuevo mecanismo de agricultura nacional” y plantearán la salida de los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), a fin de recuperar el control de los precios del maíz, trigo, calabaza, tomate y chile.
Acuerdo en maíz da certeza a negocios.
El ordenamiento del mercado del maíz blanco da certidumbre a tortillerías, comercios, mercados, restaurantes y negocios familiares al lograr un amplio alcance de la cadena alimentaria, señalo Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Concanaco Servytur. “Reconocer este acuerdo es reconocer la importancia de una cadena que empieza en el campo, pasa por la industria y llega todos los días a la mesa de las familias mexicanas. El reto es que el precio justo se traduzca en certidumbre, abasto y estabilidad para quienes producen, transforman, venden y consumen”, indicó en un posicionamiento. El convenio alcanzado por el Gobierno Federal considera a 61 mil productores, 705 mil hectáreas y 7 millones de toneladas, por lo que su impacto puede alcanzar a toda la cadena alimentaria.
